
Qué es un estado bisagra
El artículo empieza con preguntas que parecen técnicas. ¿Qué nube aloja los sistemas del sector público? ¿Qué chips mueven los planes nacionales de cómputo? ¿Qué modelos abiertos se adaptan al español, al portugués y a las lenguas indígenas? ¿Qué evaluaciones de seguridad son obligatorias para venderle al gobierno? ¿Qué centros de datos se aprueban, y con cuánta agua y energía? Para Guerrero, todas son decisiones estratégicas.
Cada potencia llega con su oferta. Estados Unidos quiere exportar la pila tecnológica completa. China construye la suya alrededor de su iniciativa «AI Plus». Europa exporta regulación, los laboratorios punteros exportan acceso a sus modelos y las empresas de nube exportan dependencia, salvo que los gobiernos negocien otra cosa. La respuesta del autor no es elegir bandera, sino elegir las reglas del ecosistema.
La frase central es esta: la fuerza de América Latina no es la neutralidad, es el alineamiento condicional. Es decir, aceptar capital, infraestructura, modelos y alianzas de cualquier lado, pero solo cuando refuercen seis cosas: la interoperabilidad, la posibilidad de auditar, la capacidad local, el control democrático, la responsabilidad ambiental y la seguridad de la IA.
Un «estado bisagra» no es un país que espera sentado entre Washington y Pekín. Es un país cuyas compras, infraestructura, datos, talento y normas de seguridad pueden inclinar hacia dónde se extiende cada ecosistema. Los gobiernos latinoamericanos no controlan los laboratorios punteros, pero sí las condiciones en que esta tecnología entra en sus escuelas, hospitales, juzgados, agencias tributarias, bancos e infraestructuras críticas.
Las cinco ideas del autor
Guerrero resume su postura en cinco ideas:
- América Latina no es periférica, está desorganizada. Solo queda al margen si negocia país por país. Tiene escala, lenguas, energía, minerales y demanda pública. Falta coordinación.
- La disputa es de ecosistemas, no de modelos. La pregunta es cuál deja a los gobiernos con poder de negociación en chips, nube, estándares e instituciones de seguridad.
- Comprar es hacer política exterior. Cada contrato público de IA decide de quién es la nube, el modelo, los chips, las pruebas de seguridad, las reglas de datos y el ritmo de actualizaciones.
- La seguridad no es un lujo de países ricos. El uso malicioso, los fallos y los riesgos sistémicos aparecen allí donde se despliega a gran escala.
- La región puede construir una cuarta posición, junto a Estados Unidos, China y la Unión Europea: abierta a la inversión, seria con la seguridad, pragmática con el código abierto y estricta al comprar.
Un mercado, todavía no una potencia
Los datos vienen sobre todo del índice ILIA 2025, de la CEPAL y el CENIA. América Latina y el Caribe mantienen entre un 15 y un 20 % de las descargas mundiales de aplicaciones móviles de IA generativa. El dato es de Sensor Tower y habla solo de aplicaciones móviles: no de la nube ni de las herramientas de empresa.
El mismo índice muestra las brechas:
- Cómputo: cerca del 90 % de la capacidad de supercomputación de la región está en Brasil.
- Talento: Brasil y México reúnen alrededor del 68 % de los investigadores.
- Investigación: cinco países producen en torno al 90 % de las publicaciones.
- Ejecución: la mayoría de las estrategias nacionales no tiene presupuesto, mecanismos de ejecución ni sistemas de evaluación.
Esa es la paradoja central del artículo: América Latina adopta la IA más rápido de lo que le da forma.
¿Cuánto valor hay en juego? El Foro Económico Mundial y McKinsey calculan que una adopción más amplia podría subir el crecimiento de la productividad entre un 1,9 y un 2,3 % al año y generar entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales. Es un potencial modelizado, no una ganancia que ya exista. En su encuesta regional, con unos 129 directivos, solo el 23 % vio algún impacto positivo en el beneficio operativo, y apenas el 6 %, una mejora mayor del 5 %. Es una encuesta, no un censo de empresas.
Para el autor, esa distancia no se explica por falta de entusiasmo, sino por las instituciones. La productividad no aparece porque un ministerio compre un chatbot. Aparece cuando las organizaciones rediseñan sus procesos, forman a quienes operan los sistemas, conectan sus datos, gestionan el riesgo y miden el impacto. Su resumen: un Estado débil compra herramientas; un Estado estratégico da forma a los mercados.
La oferta de Estados Unidos
Washington ha hecho explícita su estrategia. Su plan de acción pide impulsar la adopción mundial de sistemas, hardware y estándares estadounidenses, exportar esa tecnología a aliados y socios, contrarrestar la influencia china en los organismos de gobernanza y reforzar los controles a la exportación de cómputo.
Una orden ejecutiva de julio de 2025 ordena promover en el exterior paquetes completos: chips, servidores, almacenamiento, nube, redes, canalizaciones de datos, modelos, ciberseguridad y aplicaciones para educación, salud, agricultura o transporte. Guerrero lo resume así: esto no es solo exportar tecnología, es exportar instituciones.
Un país que adopta el paquete recibe infraestructura útil, acceso a la nube, herramientas de seguridad y mejoras de productividad. Y puede heredar dependencia de proveedores, chips, licencias, estándares y de la política estadounidense de controles a la exportación. Esto último es una inferencia del autor, no algo que digan los documentos oficiales, y no es automático: depende de las condiciones con que se acepte.
La oferta de China
Pekín también ha sido explícito. En agosto de 2025, su Consejo de Estado publicó la guía para acelerar la iniciativa «AI Plus» en ciencia, industria, consumo, bienestar, gobernanza y cooperación global. Fija metas: que los terminales inteligentes y los agentes de nueva generación superen el 70 % de penetración en 2027 y el 90 % en 2030. Son objetivos, no resultados.
Su plan de acción para la gobernanza global describe la IA como un bien público internacional y habla de infraestructura digital, cooperación abierta, seguridad, equidad y respeto a la soberanía nacional. Para el sur global es un mensaje potente: infraestructura, financiación, modelos abiertos y un relato crítico con el monopolio de unos pocos países y empresas.
Pero esa oferta también es estratégica. Quien acepta infraestructura china gana acceso y precios asequibles y, de nuevo según la inferencia del autor, puede heredar dependencias en telecomunicaciones, nube, arquitecturas de vigilancia, gobernanza de datos y estándares industriales, además de quedar expuesto a los controles de exportación de Estados Unidos.
Por eso la respuesta tampoco es el rechazo, sino la condicionalidad: lograr que Washington y Pekín compitan por cumplir las reglas de la región en interoperabilidad, pruebas de seguridad, acceso para fines de interés público, informes ambientales y transferencia técnica local.
La tercera fuerza: un corpus
Puede que la infraestructura más importante para América Latina no sea un centro de datos gigantesco, sino un corpus. Latam-GPT es una primera señal. Lo lanzó el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), con el apoyo de más de 30 instituciones de ocho países. Es un modelo de lenguaje de código abierto, entrenado con culturas y datos de la región. Su primera versión se centra en el español y el portugués; las lenguas indígenas están previstas para fases posteriores.
La lección no es que vaya a competir con los grandes modelos punteros; probablemente no lo hará. La lección es que la infraestructura regional da poder de negociación. Quien entiende cómo se construyen los modelos está en mejor posición para regularlos. Quien desarrolla sus propios conjuntos de datos evalúa mejor los sistemas extranjeros. Y un sector público capaz de usar modelos abiertos pequeños depende menos de servicios opacos.
Además, una escuela, un juzgado o un sistema de salud que puede probar los modelos en español, portugués, quechua, guaraní, aimara o rapanui detecta fallos que las pruebas pensadas en inglés no ven. Guerrero lo dice en una frase: la infraestructura cultural es infraestructura de seguridad.
Centros de datos y minerales
La IA está convirtiendo los centros de datos en activos estratégicos, y la región atrae cada vez más. Según el despacho White & Case, Brasil concentra más del 40 % de la inversión anunciada. La consultora CBRE sitúa a São Paulo, Santiago, Bogotá y Querétaro como los cuatro mayores mercados, con São Paulo en cabeza: unos 493 MW a principios de 2025.
Pero un centro de datos no es soberano solo por estar en tu territorio. Puede ser infraestructura extractiva: un país puede alojarlo y no tener cómputo para sus universidades, sus startups o sus pruebas de seguridad, y poner la electricidad y el agua mientras empresas extranjeras se quedan con casi todo el valor estratégico. Por eso el artículo propone cinco condiciones para dar incentivos públicos:
- Cuota de cómputo para universidades, startups, sector público y evaluación de seguridad.
- Transparencia: informes auditados y públicos de energía, agua y emisiones.
- Portabilidad: las cargas del Estado deben poder moverse entre proveedores.
- Ciberseguridad, con obligación de notificar incidentes y vulnerabilidades.
- Formación local en operación, ingeniería y gobernanza, no solo empleos de construcción.
Lo mismo vale para los minerales críticos. Según la OCDE, América Latina aporta alrededor del 35 % del litio del mundo y el 40 % del cobre. Esa riqueza solo se convierte en fuerza negociadora si se liga a cadenas responsables, trazabilidad, mejora industrial y estrategia digital. La región, dice el autor, no debería exportar minerales, importar nube y llamar a eso transformación digital.
La seguridad se decide donde se despliega
Casi todo el debate de seguridad mira a los laboratorios punteros: los pesos de los modelos, los protocolos de evaluación, los escenarios catastróficos. Para Guerrero, ese foco es necesario pero incompleto. Un modelo que rinde bien en inglés puede fallar en razonamiento jurídico en español, en servicios públicos en lenguas indígenas, en triaje médico local, en asesoría agrícola o al decidir quién recibe una ayuda social.
Y los fallos pueden ser de la institución, no del modelo:
El Informe Internacional de Seguridad de la IA de 2026, dirigido por Yoshua Bengio con más de 100 colaboradores, enumera riesgos de uso malicioso, fallos, efectos sistémicos, capacidades cibernéticas, mal uso biológico y químico, y modelos de pesos abiertos cuyas salvaguardas se pueden quitar. Son categorías globales. América Latina aún no tiene un registro regional de incidentes comparable, y construirlo forma parte de la propuesta.
Según un análisis de Brookings que cita el autor, la gobernanza regional está todavía en una fase incipiente y muchos proyectos de ley son vagos. La oportunidad que ve no es competir con los laboratorios, sino ser el primer banco de pruebas regional donde la seguridad del despliegue queda institucionalizada.
El pacto: siete piezas
La propuesta del artículo es un Pacto Latinoamericano de Estados Bisagra: un acuerdo voluntario, pero operativo, entre gobiernos, universidades, bancos de desarrollo, laboratorios, sociedad civil y empresas. Es una propuesta del autor, no algo que exista. Cada pilar necesita cuatro cosas: quién lo lidera, quién lo paga, qué entrega el primer año y cuál es su riesgo.
| Pieza | Qué propone |
|---|---|
| 1. Red regional de evaluación y seguridad | Nodos especializados en lugar de un instituto central: Brasil (evaluación con mucho cómputo, industria y ciberseguridad), Chile (lenguas y datos culturales), México (cadenas de suministro con Estados Unidos), Colombia y Uruguay (despliegue público con enfoque de derechos), y el Caribe y Centroamérica (desastres, riesgo climático y estados pequeños). Publicaría un informe anual de seguridad. |
| 2. Estándar de compra pública | Requisitos para todo sistema por encima de cierto umbral de riesgo (lista más abajo). |
| 3. Fondo común de modelos y datos | Tratar a Latam-GPT como un principio: corpus de dominio público, material educativo con licencia, datos culturales y pruebas específicas para salud, educación, justicia, agricultura y clima. No para sustituir a los modelos globales, sino para obligarlos a rendir cuentas. |
| 4. Cómputo con condiciones | Si hay incentivos, beneficios fiscales, préstamos blandos o suelo público detrás de un centro de datos, debe reservar capacidad para usos de interés público. |
| 5. Diplomacia de dos puertas | Una puerta para la inversión de Estados Unidos, Europa y aliados; otra para las alianzas con China y el sur global. Las dos dan a la misma sala: las reglas latinoamericanas. |
| 6. Seguridad unida a la adopción | Aplicar bien la IA donde hay urgencia (salud, educación, administración, clima, justicia) y convertir las estrategias en presupuestos, normas de compra y laboratorios de evaluación. |
| 7. Cuerpo de operadores | Formar a miles de profesionales al año: funcionarios, docentes, médicos, jueces e ingenieros que conviertan la capacidad técnica en resultados. |
El estándar de compra pública es, según el artículo, la forma más rápida de dar forma a un mercado. Toda agencia que compre un sistema de riesgo debería exigir: la ficha del sistema o del modelo, una evaluación de rendimiento en la lengua local, un análisis de impacto en derechos humanos, registros de auditoría accesibles para los supervisores, notificación de incidentes en un plazo definido, control de versiones y vuelta atrás, reglas sobre el uso y la conservación de los datos (y sobre si se entrena con ellos), cláusulas de salida para cambiar de proveedor, interoperabilidad con otras nubes, la huella de energía y de agua, y autoridad humana sobre las decisiones de alto impacto.
Esto no va contra la innovación, sino a favor de la competencia: comprar mal ata a los gobiernos a sistemas opacos; comprar bien obliga a los proveedores a competir en fiabilidad, transparencia, portabilidad y seguridad.
Las dos puertas se concretan en seis pruebas para cualquier oferta extranjera:
- Interoperabilidad: ¿puede el gobierno cambiar de proveedor sin rehacerlo todo?
- Auditoría: ¿pueden los reguladores inspeccionar registros, actualizaciones y fallos?
- Impugnación: ¿puede un ciudadano recurrir una decisión que afecta a sus derechos?
- Capacidad local: ¿forma el contrato a ingenieros y evaluadores del país?
- Sostenibilidad: ¿se miden la energía, el agua y las emisiones?
- Seguridad: ¿hay pruebas de ataque, notificación de incidentes y vuelta atrás?
Si un proveedor estadounidense las supera, se le compra. Si las supera uno chino, también. Y lo mismo si es europeo, brasileño, chileno, mexicano, indio, japonés o de código abierto. El objetivo estratégico no es la neutralidad, es tener poder de negociación.
Sobre la adopción, el artículo cita movimientos reales. Brasil propone un plan de unos 4.000 millones de dólares y alrededor de 54 medidas (es un plan, no gasto ya ejecutado). Chile actualizó su política nacional y presentó un proyecto de ley basado en riesgos, tras aplicar la metodología de la UNESCO. Colombia aprobó su política (CONPES 4144) en febrero de 2025. Pero solo cuentan si se convierten en sistemas que funcionan. La frase del autor: una estrategia sin ejecución es un PDF; una regla de compra cambia el mercado.
Cada país, un papel
La región es muy desigual: el propio índice ILIA distingue entre pioneros, adoptantes y exploradores. Por eso el pacto no exige que todos avancen igual. Le basta con reglas interoperables entre los primeros que quieran sumarse y rampas de entrada para el resto.
Escala, investigación, política industrial, peso en centros de datos y un plan nacional ambicioso.
Política actualizada, el CENIA y Latam-GPT.
Marcado por la cercanía a Estados Unidos, las cadenas de suministro chinas, la manufactura y la política comercial.
Si su política se traduce en normas de compra, participación ciudadana y resultados medibles.
Pueden liderar en gobierno digital, educación y despliegue ágil, si no se quedan en compradores pasivos.
No son una nota al pie: riesgo climático, desastres, dependencia del turismo, diversidad de lenguas y vulnerabilidad cibernética.
El error a evitar
El gran error, según Guerrero, sería tratar esta política como una carrera por atraer proveedores. Así se negocia desde la debilidad: los gobiernos ofrecen incentivos fiscales, permisos exprés, acceso a datos, contratos públicos y legitimidad política, y a cambio reciben créditos de nube, proyectos piloto, memorandos de entendimiento y presentaciones espectaculares. Y entonces empieza la dependencia.
La alternativa es diseñar el ecosistema y preguntar a cada proveedor, laboratorio o gobierno socio: cuando acabe el contrato, ¿seremos más capaces? ¿Pueden evaluarlo nuestras universidades, inspeccionarlo nuestros reguladores, construir sobre él nuestras startups, impugnarlo nuestros ciudadanos y dejarlo nuestras agencias públicas? ¿Caben nuestras lenguas y culturas? ¿Lo aguantan nuestra energía y nuestra agua? ¿Aprenden de él nuestras instituciones de seguridad? Si la respuesta es no, el acuerdo no es estratégico.
Cómo leer las cifras
Las cifras de este post son las que cita el artículo, y conviene leerlas con sus matices:
- Hay estimaciones y metas. El valor económico es un potencial modelizado por el WEF y McKinsey; los porcentajes de China son objetivos para 2027 y 2030; el plan de Brasil no es gasto ejecutado.
- Hay inferencias del autor. Que adoptar el paquete de una potencia pueda traer dependencia no lo dicen los documentos oficiales: lo deduce Guerrero, y lo plantea como un riesgo condicional.
- El pacto es una propuesta. No existe, y los entregables del primer año son un boceto.
- Los datos de adopción son parciales. El 15-20 % habla solo de apps móviles, y el 23 % y el 6 % salen de una encuesta a unos 129 directivos.
En resumen
El futuro de la región no se decide solo en Silicon Valley, Washington, Pekín, Bruselas o Shenzhen. Se decide en las oficinas de compras, las agencias de protección de datos, los laboratorios universitarios, los bancos de desarrollo y los permisos de cada centro de datos. El pacto se resume en seis innegociables:
La pregunta no es si alinearse con Estados Unidos o con China, sino qué condiciones debe cumplir cualquier ecosistema para operar en nuestras sociedades.
¿Crees que la región puede negociar como un bloque?
Fuentes
- «AI Swing States: How Latin America Will Shape US-China Competition and Global AI Safety», de Miguel Guerrero (mayo de 2026).
- El vídeo, en mis canales: español e inglés.